Este octubre, me gustaría plantear una cuestión que seguramente todos nos hemos formulado: ¿Es el Derecho Penal el instrumento más adecuado para enfrentar la violencia contra la mujer? Las cifras crecientes de violencia de género nos llevan a concluir que la respuesta es negativa. Creer que la mera existencia de normas penales puede erradicar este flagelo, es subestimar la complejidad de la violencia contra la mujer, un fenómeno que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

Es importante reconocer que la violencia no es solo un problema entre la víctima y el agresor, sino que involucra a toda la sociedad. Comprender esta realidad sigue siendo un reto, pues muchas veces se ha asumido que la violencia de género es exclusivamente un problema del Estado y que la simple existencia de tipos penales que regulen esta conducta puede solucionar el problema. Aunque el derecho penal tiene el objetivo de proteger a las víctimas y castigar a los agresores para disuadir la violencia y garantizar justicia, su impacto de manera aislada no logra erradicar ni prevenir este fenómeno social.

En línea con lo anterior, cabe resaltar que una alta cifra de mujeres no denuncia la violencia que sufren debido al miedo, la estigmatización y la desconfianza en el sistema judicial, lo que resulta en un subregistro de casos y limita la efectividad del derecho penal. Además, el enfoque punitivo del Derecho Penal tiende a centrarse en el castigo, sin abordar las causas subyacentes de la violencia, lo que da lugar a un enfoque superficial. A menudo, las víctimas son revictimizadas al tener que revivir su experiencia en un ambiente judicial, lo que desincentiva a muchas mujeres a buscar justicia.

Por lo tanto, elevo mi voz en favor de una nueva visión: El Derecho Penal no debe ser ni es el único instrumento para combatir la violencia contra la mujer. Los programas educativos que aborden la desigualdad de género y promuevan relaciones sanas son esenciales para la prevención de la violencia. Asimismo, el apoyo emocional, psicológico y social a las víctimas es fundamental para su recuperación y empoderamiento. La colaboración entre distintos sectores, como la salud, la educación y la justicia, puede ofrecer una respuesta más integral y efectiva a la violencia de género.

Esto nos lleva a la necesidad de establecer una política criminal integral que aborde la violencia de manera que trascienda la mera sanción, centrándose en la prevención, la protección de las víctimas y la transformación de las estructuras sociales que perpetúan la violencia de género. La afirmación es clara: Las respuestas tradicionales centradas en el castigo y la criminalización han demostrado ser insuficientes. Frente a la gravedad y el alarmante aumento de la violencia de género, es imperativo que el Estado asuma un rol protagónico y desarrolle una política criminal integral y efectiva.

Es hora de abandonar respuestas fragmentadas y reactivas, que han demostrado ser ineficaces o incluso contraproducentes. El estudio de la violencia requiere un enfoque sistémico y multidimensional por parte de las instituciones públicas, así como una justicia libre de sesgos de género. Es crucial que el Estado promueva la transformación de los patrones socioculturales que sustentan la violencia de género.

Desde Visionarias, propongo un enfoque interseccional en la política criminal que reconozca la interacción de múltiples formas de discriminación, como el género, la edad, la etnia, la clase, la discapacidad y la orientación sexual. Es fundamental comprender cómo estas intersecciones generan vulnerabilidades y barreras específicas, y adoptar un análisis situado y contextualizado que permita examinar los factores históricos, sociales, económicos y culturales que condicionan las experiencias de violencia.

Debemos trabajar hacia una respuesta integral a la violencia que armonice la normativa y promueva la coordinación interinstitucional.

Como bien dijo Alda Facio:

“Si no importa el sexo o el género, entonces todo lo que se ha avanzado para las mujeres, dentro del mundo de los derechos humanos, se pierde y volvemos a lo que antes fuimos, que no estábamos nombradas específicamente.”

Reflexionemos sobre esta afirmación y asumamos el compromiso de construir un futuro más justo y equitativo para todas las mujeres.