Cada 25 de noviembre, cuando el calendario vuelve a recordarnos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las empresas, los gobiernos y las organizaciones sociales multiplican sus campañas, iluminan edificios de naranja y publican mensajes de compromiso con la igualdad y eso se agradece.

Pero no dejo de preguntarme si después de décadas de leyes, denuncias públicas, movilización feminista y mayor conciencia social, estamos consiguiendo que las mujeres vivan más seguras o estamos aprendiendo a convivir con una violencia que se adapta a los tiempos y encuentra nuevas formas de imponerse.

Los datos más recientes de Naciones Unidas obligan a abandonar cualquier triunfalismo. Cerca de una de cada tres mujeres en el mundo, unos 840 millones, ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, y la prevalencia de esta violencia apenas ha disminuido desde el año 2000, con un descenso anual de apenas 0,2 % en la violencia de pareja. No estamos hablando de una cifra congelada por falta de campañas de sensibilización, sino de una realidad que persiste a pesar de los avances legales y de la creciente visibilidad del problema, mientras millones de mujeres siguen enfrentando el peligro precisamente en los espacios donde deberían encontrar protección.

En América Latina y el Caribe, la dimensión del problema resulta igualmente devastadora: la CEPAL registró al menos 3.828 víctimas de femicidio, feminicidio o muertes violentas por razones de género durante 2024, en 26 países y territorios de la región, un promedio de once mujeres asesinadas cada día. Detrás de cada caso hay una historia que merece ser contada, pero también una cadena de señales que con frecuencia no fueron atendidas, denuncias que no encontraron respuesta o instituciones que llegaron demasiado tarde, porque el femicidio rara vez puede comprenderse como un episodio aislado de violencia y exige examinar las condiciones que permitieron que esa violencia escalara hasta hacerse irreversible.

Sin embargo, sería un error interpretar este panorama como una derrota inevitable del feminismo, porque las mujeres hemos conseguido que conductas antes naturalizadas sean reconocidas como violencia, que el acoso tenga consecuencias públicas, que las legislaciones incorporen nuevas formas de protección y que la autonomía femenina se convierta en una aspiración legítima para millones de personas.

El problema es que esos avances están encontrando resistencias cada vez más organizadas, en un contexto donde el discurso antifeminista gana espacio político y digital, se desacredita a quienes denuncian y se intenta presentar las políticas de protección como privilegios injustificados o amenazas para los hombres.

En octubre de 2026, algunas iniciativas políticas en varios países de la región para endurecer las sanciones y establecer nuevos procedimientos relacionados con las denuncias presuntamente falsas de violencia generaron advertencias de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que temen que estas medidas terminen desalentando las denuncias en sociedades donde el silencio y la impunidad siguen siendo obstáculos centrales. La presunción de inocencia y el debido proceso son garantías fundamentales, pero utilizarlos como argumento para levantar sospechas generalizadas sobre las víctimas puede terminar protegiendo el statu quo en lugar de mejorar el acceso a la justicia.

¿Y qué tiene que ver todo esto con las empresas?

Mucho más de lo que algunas organizaciones están dispuestas a reconocer, porque la violencia de género también afecta la autonomía económica, la estabilidad emocional, la trayectoria profesional y la capacidad de una mujer para permanecer en su empleo, desarrollar su talento y aspirar a posiciones de liderazgo. Una trabajadora que vive bajo amenazas, que sufre acoso sexual, que es hostigada digitalmente o que carece de recursos para abandonar una relación violenta no compite en igualdad de condiciones con quien dispone de seguridad, ingresos propios y redes de apoyo.

Por eso, la responsabilidad empresarial debe ir más allá de organizar una actividad durante noviembre o difundir un mensaje institucional, incorporando protocolos eficaces contra el acoso, canales de denuncia confiables, formación para quienes lideran equipos, políticas de corresponsabilidad y mecanismos de orientación para las colaboradoras que necesitan ayuda. También exige revisar las prácticas cotidianas que minimizan las agresiones, cuestionan la credibilidad de las víctimas o castigan profesionalmente a quienes se atreven a denunciar, porque una cultura organizacional que protege la reputación de la empresa por encima de la seguridad de las personas termina reproduciendo la misma lógica de silencio que permite perpetuar la violencia.

En este 25N 2026, mi respuesta a la pregunta inicial es que las mujeres hemos ganado terreno en derechos, conciencia y capacidad de organización, pero todavía no estamos ganando la batalla contra la violencia de género. Y podríamos perder parte de lo conquistado si confundimos la visibilidad del problema con su solución, si dejamos de financiar la prevención o si permitimos que la reacción antifeminista convierta derechos que parecían consolidados en asuntos nuevamente discutibles.

La esperanza, en este contexto, está en reconocer que cada avance necesita instituciones dispuestas a defenderlo, empresas capaces de asumir su parte y una ciudadanía que no acepte como normal que millones de mujeres vivamos  con miedo.