La situación de las personas con discapacidad en Argentina atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Entre recortes presupuestarios, retrasos salariales de profesionales y denuncias de corrupción, miles de familias ven peligrar la continuidad de terapias y servicios esenciales. Pese al marco legal existente, la inclusión laboral y educativa sigue siendo una deuda pendiente, y las movilizaciones sociales crecen ante un Estado que parece dar la espalda.

La situación de la discapacidad en Argentina atraviesa un momento crítico y, en 2025, se encuentra en uno de los escenarios más delicados de los últimos años. Pese a que en gobiernos anteriores el tema logró instalarse en la agenda pública, lo cierto es que las políticas aplicadas dejaron más dudas que certezas.

Con el actual gobierno, el retroceso es notorio: profesionales de la salud y especialistas que trabajan en el área llevan meses sin cobrar, perciben sueldos muy por debajo de la canasta básica y en muchos casos deben esperar hasta 90 días para recibir pagos atrasados. El valor de la hora de trabajo de estos especialistas permanece congelado hace años, lo que refleja una falta de actualización que contrasta con la inflación constante y el costo de vida creciente.

El ajuste presupuestario es un dato concreto. En 2025, el monto asignado a pensiones no contributivas por discapacidad se redujo de $3,034 billones a $2,355 billones, una merma del 23 % en términos corrientes, según un informe de Perfil. Otros análisis indican que los programas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufrieron un recorte cercano al 40 %, lo que representa alrededor de 600.000 pensiones menos respecto de 2023, de acuerdo con C5N.

Esta caída presupuestaria se complementa con una decisión política que generó amplio rechazo: el presidente vetó en julio la Ley de emergencia en discapacidad, junto con una propuesta para aumentar las pensiones, alegando que su implementación afectaba la viabilidad fiscal y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El Congreso, sin embargo, rechazó el veto, en una de las pocas ocasiones en que la Cámara de Diputados puso límites concretos a los recortes impulsados por el Ejecutivo, tal como informó El País,

El malestar social se amplificó con las denuncias de corrupción dentro de la ANDIS. Una investigación judicial reveló audios comprometedores que apuntan a una red de sobornos por la compra de medicamentos públicos, que habría recaudado hasta 800.000 dólares mensuales, y salpicó a funcionarios de alto rango. Como consecuencia, hubo allanamientos y despidos, incluyendo la salida del director de la agencia, lo que incrementó la desconfianza ciudadana hacia el manejo de un área tan sensible.

En paralelo, la movilización en las calles no cesa. En junio, miles de personas con discapacidad, familiares, médicos y docentes se concentraron frente al Congreso para reclamar contra los recortes y exigir el pago a los profesionales. Un año antes, más de 10.000 manifestantes habían protestado en diferentes provincias contra un decreto que desregulaba las prestaciones, restringiendo el acceso de quienes no podían costear servicios privados.

La consigna que se repite es clara: sin financiamiento, las terapias y acompañamientos quedan interrumpidos, lo que afecta directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad y obliga a sus familias a suplir un rol que el Estado debería garantizar.

Las estadísticas disponibles ofrecen un panorama preocupante.

Según el último relevamiento del INDEC, alrededor del 10,2 % de la población argentina convive con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, solo el 35,9 % de ese sector accede a un empleo remunerado, y en los mayores de 65 años la tasa se reduce al 13,3 %. Incluso el Estado incumple con los cupos laborales fijados por ley, que establecen un mínimo del 4 % para personas con discapacidad en la administración pública: en la práctica, la cifra real no llega al 2 %.

A nivel privado, las barreras se multiplican: prejuicios, falta de accesibilidad en los lugares de trabajo y escaso cumplimiento de programas de inclusión. Aunque existen leyes como la 26.816, que promueve talleres protegidos y empleo inclusivo, o la adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la práctica su aplicación es fragmentaria.

El impacto en la vida cotidiana es directo. Las familias denuncian que, al suspenderse terapias y prestaciones, se rompe la rutina y se deterioran los avances que sus hijos o familiares habían logrado con años de esfuerzo. Para una persona con discapacidad motriz, visual o auditiva, la continuidad de terapias no es un lujo: es la diferencia entre sostener su autonomía o perderla.

En el plano educativo, miles de jóvenes con discapacidad enfrentan barreras de acceso a escuelas y universidades, no tanto por falta de legislación sino por carencia de recursos técnicos y humanos. En el mundo laboral, se enfrentan a entrevistas donde la discapacidad pesa más que la capacitación profesional.

El interrogante, entonces, trasciende a la coyuntura política: ¿por qué la sociedad argentina, que se enorgullece de su tradición de derechos, sigue postergando a este sector? ¿Por qué cuesta tanto garantizar inclusión real y no solo en el plano discursivo? El problema combina factores culturales, económicos y políticos: una sociedad que todavía ve a la discapacidad desde la caridad antes que desde los derechos, un Estado que ajusta partidas en lugar de reforzarlas, y un mercado laboral que prefiere esquivar la inclusión antes que adaptarse.

La respuesta no es sencilla, pero la urgencia es evidente. Cada recorte, cada demora en los pagos, cada veto presidencial no se traduce solo en cifras, sino en vidas concretas que retroceden. Si Argentina aspira a sostener un modelo de sociedad inclusiva, deberá priorizar la discapacidad como política de Estado, garantizar financiamiento estable, cumplir los cupos laborales y derribar las barreras culturales que aún persisten. De lo contrario, las preguntas que se repiten desde hace años seguirán sin respuesta, y el vacío que dejan crecerá cada vez más.