Las ciudades no son solo estructuras físicas; son también escenarios donde se materializan nuestras relaciones e interacciones sociales, nuestros derechos y nuestras oportunidades. Sin embargo, para millones de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, el acceso pleno a estos espacios sigue siendo desigual debido a múltiples formas de violencia, discriminación y exclusión.

Lejos de ser hechos aislados, estas barreras responden a una lógica estructural androcéntrica que ha configurado históricamente las ciudades desde perspectivas que invisibilizan nuestras necesidades, trayectorias y formas de habitar el territorio. En respuesta, el movimiento feminista y los activismos por la diversidad sexual han impulsado transformaciones políticas, legales y sociales que hoy marcan un camino hacia ciudades más justas, inclusivas y humanas.

Instrumentos internacionales como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará han sido fundamentales para posicionar el derecho de las mujeres y disidencias a una vida libre de violencia, no solo en el ámbito privado, sino también en el espacio público. Y aunque el reconocimiento formal es un paso importante, el verdadero reto es la implementación de políticas y modelos urbanos que garanticen entornos seguros, accesibles y diseñados con perspectiva de género.

No se trata únicamente de prevenir el acoso callejero o mejorar la seguridad. Se trata de transformar las ciudades en lugares que cuidan, que escuchan y que promueven el bienestar de todas las personas, especialmente de aquellas que han sido históricamente marginadas.

¿Qué podemos hacer?

Numerosas experiencias internacionales nos muestran que sí es posible construir ciudades con enfoque de género e inclusión. Algunas estrategias clave incluyen:

• Caminatas exploratorias con mujeres y disidencias para identificar zonas percibidas como inseguras o excluyentes.
• Georreferenciación participativa para mapear colectivamente espacios de riesgo o exclusión.
• Consejos locales de seguridad con perspectiva de género, con capacidad de incidencia real en el diseño urbano.
• Adaptación de buenas prácticas internacionales, como el programa “Woman Friendly City” de Seúl, que incorporó desde transporte seguro hasta infraestructura urbana pensada para las necesidades de las mujeres.
• Fortalecimiento de campañas educativas y protocolos de atención institucional para visibilizar las violencias que se viven en el espacio público y brindar rutas de respuesta efectivas.

Ejemplos como el de Quito con su iniciativa “Transporte Seguro” demuestran que cuando hay voluntad política y articulación multisectorial, es posible generar cambios estructurales que mejoran la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Apostar por ciudades que cuidan

Promover ciudades seguras, equitativas y cuidadoras es una apuesta ética, política y social. No se trata solo de reducir riesgos, sino de garantizar condiciones reales para la participación, la movilidad, el empleo y el liderazgo de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en todos los ámbitos de la vida urbana.

El derecho a la ciudad implica mucho más que acceso físico: implica sentirse parte, poder habitar los espacios con libertad, apropiación y dignidad. Implica construir entornos donde la diversidad no sea una amenaza, sino una riqueza que se celebra y se protege.

Desde distintos rincones del mundo, voces de mujeres y disidencias siguen abriendo camino para imaginar y construir ciudades más humanas, más justas y más vivibles para todas las personas. Es hora de que gobiernos, sector privado, organizaciones sociales y ciudadanía nos sumemos con convicción y compromiso a esta transformación.