Hace unos días leí una noticia que llamo inmensamente mi atención: China aplicará por primera vez en casi tres décadas un impuesto al valor agregado a los condones y otros anticonceptivos. La medida forma parte de un giro político para revertir las consecuencias de sus políticas de control de natalidad en el pasado.

Esa noticia me llevó a mi infancia, cuando veía documentales y películas que mostraban el profundo rechazo social hacia las mujeres que daban a luz niñas durante los años de la «política de hijo único». Mujeres cuestionadas, despreciadas o presionadas para abortar si el embarazo no cumplía con las expectativas familiares.

Hoy, décadas después, el péndulo se mueve en dirección contraria. De restringir nacimientos a incentivar la reproducción. De penalizar la maternidad “excesiva” a penalizar la no maternidad. Pero el centro de la conversación sigue siendo el mismo para mí: el cuerpo control del cuerpo de las mujeres.

Muchos países enfrentan ahora el llamado “colapso demográfico”, consecuencia directa de decisiones estatales restrictivas del pasado. Y nuevamente, somos nosotras quienes aparecemos como la solución biológica a un problema estructural. Para ciertos sistemas políticos y económicos, las mujeres seguimos siendo vistas como cuerpos programables: útiles para controlar la sobrepoblación o para repoblar la nación, según convenga.

Otra noticia proveniente del gigante asiático hablaba de investigaciones lideradas por la bióloga Hongmei Wang orientadas a extender la vida fértil ante el envejecimiento poblacional. Siguen investigando a través y en detrimento de nuestros cuerpos, de llenarnos de medicamentos que hasta un mediano o largo plazo se sabrán las consecuencias de estos impactos.

Históricamente hemos sido señaladas como responsables de que el mundo esté “sobrepoblado” o, ahora, de que no lo esté lo suficiente. Y en función de esa narrativa se pretende regular nuestras decisiones sobre tener hijos o no. Hemos transitado del control de natalidad al pronatalismo, pero el patrón es idéntico: el control externo sobre la autonomía reproductiva.

Sin embargo, el marco jurídico internacional es claro. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece en su artículo 16 que los Estados deben garantizar, en igualdad de condiciones, el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos, así como el acceso a la información, educación y medios para ejercer ese derecho.

Este principio es fundamental por dos razones.

Primero, reconoce que los derechos reproductivos son derechos humanos. No son herramientas de planificación económica ni variables de ajuste demográfico. Son expresión directa de la autonomía corporal y de la dignidad.

Segundo, el artículo 1 de la CEDAW define que cualquier discriminación, directa o indirecta, en materia de derechos reproductivos constituye discriminación contra la mujer. Cuando se imponen barreras al acceso a anticonceptivos, cuando se restringe el aborto, cuando se condicionan beneficios sociales a la maternidad o cuando se penaliza la decisión de no tener hijos, estamos frente a formas estructurales de discriminación.

A pesar de la existencia de marcos normativos robustos, persiste una brecha significativa en muchas políticas de población y planificación familiar. La autonomía corporal, la seguridad social, la protección frente a la discriminación y el acceso real a servicios de salud sexual y reproductiva siguen estando subordinados a intereses económicos o ideológicos.

Los cuerpos de las mujeres han sido históricamente espacios de disputa política. En el debate demográfico contemporáneo, la maternidad continúa siendo considerada un recurso estratégico para el crecimiento económico. Bajo políticas pronatalistas, los derechos reproductivos pueden verse restringidos, especialmente el derecho al aborto. Además, el trabajo de cuidado y la maternidad siguen invisibilizados en los cálculos económicos y en las estadísticas laborales, pese a su aporte estructural a la sostenibilidad de los Estados.

Estas tendencias se entrelazan con políticas “profamilia” que, en muchos contextos, refuerzan estereotipos patriarcales tradicionales sobre el rol femenino. La maternidad deja de ser una opción y vuelve a convertirse en mandato.

Por eso, en un contexto global de transformaciones demográficas, resurge con fuerza la defensa de los derechos reproductivos. Las políticas públicas no pueden diseñarse únicamente desde despachos liderados, casi siempre, por hombres, con cálculos demográficos o proyecciones económicas. Requieren la participación activa de mujeres, organizaciones feministas, defensoras de la educación sexual, agencias internacionales de desarrollo y actores sociales que coloquen en el centro la autonomía y la igualdad de cada una de las mujeres.