Desde la trinchera de la palabra, enfrentamos el eco de una violencia tan estructural: el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, enmarcado en la oscura trama narco. Como lectora crítica y escritora inmersa en la urgencia del feminismo, me propongo desmantelar la narrativa mediática que reduce estos actos a la «pelea entre bandas» o al simple «ajuste de cuentas». Lo que presenciamos, documentado con una frialdad judicial perturbadora, es la manifestación de una necropolítica que cifra su poder disciplinario en el cuerpo feminizado.

Este ensayo desde la visión de Las Mujeres que Somos, es una reflexión profunda sobre la gramática de la crueldad, la condición de «eslabón débil» y la imperiosa necesidad de nombrar la saña como un fenómeno político.

La violencia extrema no es incidental; es un discurso de poder. El nivel de saña y ensañamiento revelado por las autopsias, la cabeza destrozada a golpes, la abertura del vientre postmortem de Brenda, la mutilación de los dedos de Lara, una adolescente de quince años, excede la funcionalidad de un simple asesinato por robo o traición. Constituye un acto de soberanía territorial, un mensaje cifrado que opera en el plano de lo simbólico y se perpetúa como espectáculo de terror.

Siguiendo la tesis de Achille Mbembe, si la necropolítica es el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir, la saña feminicida es la forma en que esa soberanía se inscribe en la carne. Es una tecnología de castigo cuyo objetivo no es solo eliminar, sino disciplinar a las que quedan, asegurando la subyugación de los cuerpos vulnerables.

La frase policial trascendida, «miren lo que le pasa a los que me hacen algo a mí», lo confirma: el cuerpo de estas mujeres es convertido en un texto legible para la comunidad, una advertencia ejecutada con el máximo dolor y humillación. No las mataron con la «economía de recursos» de un sicariato funcional (un tiro y a la zanja), sino con el dispendio de la tortura prolongada (seis horas) y la mutilación que busca desfigurar, anular la subjetividad y, sobre todo, aterrorizar a futuras transgresoras.

Lo sabemos: el cuerpo femenino, históricamente, ha sido el territorio privilegiado para la inscripción de los órdenes sociales, sean estos la moral colonial o, en este caso, el terror paramilitarizado del narco.

Los actos de ensañamiento son más infrecuentes en cuerpos masculinos en el mismo contexto de violencia, lo que subraya la dimensión de género. Esta distinción es crucial: la crueldad específica hacia ellas se debe a su condición de mujeres, a su presunta debilidad y a la necesidad de recordarles —y recordarnos— que la transgresión de sus roles (tomar dinero, participar en el narcomenudeo) será castigada no solo con la muerte, sino con la deshumanización absoluta.

El narco se apropia y radicaliza el mandato patriarcal de control, utilizando el cuerpo femenino como su pizarrón político. El feminicidio, en este contexto, es un crimen de Estado por omisión, tal como lo es en aquellos territorios donde el poder de matar se delega a actores no estatales, creando zonas de no-derecho donde la vida precaria es totalmente prescindible. Esta violencia extrema, al ejercer una punición espectacular, imita y expande las técnicas de control y poder disciplinario sobre los cuerpos marginales, pero con un plus de crueldad reservado para el género.

El análisis mediático, al encuadrar a las víctimas como el «eslabón más débil del narcotráfico», si bien acierta en el diagnóstico de su vulnerabilidad en la cadena criminal, obvia la doble violencia estructural que las llevó a esa posición de extrema fragilidad.

La primera violencia no es la del narco, sino la de la negligencia estatal y la precariedad económica. La historia de la chica de 15 años que, en un móvil televisivo, expone con naturalidad la decisión de «trabajar de…´´ como única alternativa al hambre («es eso o no comer»), es el testimonio más desgarrador de la ausencia de opciones.

Ellas son mujeres que vivían en los márgenes de la necropolítica neoliberal, donde la vida no vale, y la única agencia disponible parece ser aquella que las expone al riesgo máximo para la supervivencia básica.

La precarización de la vida en los barrios populares no es un daño colateral; es, de hecho, el motor que alimenta estas economías ilegales, forzando a las mujeres a ocupar los roles más peligrosos de distribución, mula o seducción, debido a la falta de capital social y oportunidades educativas.

La segunda violencia es la revictimización social y la condena moralizante. Los comentarios en redes sociales, citados en el informe («era …,» «quien anda mal acaba mal»), son el reflejo de una sociedad que niega el estatuto de víctima a la mujer que no encaja en la imagen de la pureza pasiva. Esta condena social es crucial porque legitima, a ojos de la opinión pública, su eliminación.

Si la víctima es «culpable» de su destino por sus «malas decisiones» (dictadas por la supervivencia), entonces su muerte es concebida como un resultado natural, y no como un crimen político. Esta negación de la piedad resuena con la conceptualización de Judith Butler sobre las «vidas no llorables» (ungrievable lives): vidas que no merecen luto público ni indignación.

Esta misoginia social es la que permite que el sistema fallido se sostenga: las autoridades policiales se niegan a tomar una denuncia el fin de semana, normalizando la ausencia de valor de esas vidas al impedir el acceso a la justicia.

La desesperación de las madres, que terminan culpándose mutuamente, es el síntoma de que el terror ha logrado su cometido: la fragmentación de la comunidad y la desarticulación de la solidaridad, desviando la mirada del verdadero culpable: un sistema que produce descartables.

Como escritora y como mujer inmersa en la teoría crítica, no puedo reducir mi análisis a la fría distancia de una columna. La primera persona es aquí una necesidad ética y un imperativo político. Desde Las Mujeres que Somos, debemos posicionarnos para interrumpir este ciclo de terror.

La lucha contra esta violencia extrema exige que rompamos con la dicotomía perniciosa entre la víctima «pura» y la «culpable.» Nuestra tarea es ampliar el concepto de ética del cuidado (tradicionalmente anclada en lo doméstico) para que se convierta en una ética de la responsabilidad estructural. Esto implica abrazar a aquellas a quienes el sistema ha declarado desechables y exigir para ellas no solo justicia penal, sino también el reconocimiento de su dignidad perdida.

Cuidar, en este contexto, es un acto de resistencia política: es nombrar la saña como lo que es, femicidio y terrorismo de género es exigir que los investigadores no solo persigan al sicario, sino que se investiguen los sistemas que permitieron la tortura prolongada y la impunidad inicial.

Escribir es generar legibilidad para estas vidas que la sociedad intenta borrar. Es un compromiso de duelo activo, es usar la palabra como biombo contra la indiferencia social que prefiere mirar hacia otro lado. El dolor de estas madres, pidiendo justicia, es la imagen a la que todos “debería ponerse detrás,» no por simple piedad, sino por la comprensión de que la seguridad de las mujeres más vulnerables es el termómetro de la salud democrática de la nación.

Nuestra columna es, por lo tanto, un espacio para la visibilidad de lo invisible a los ojos de la justicia patriarcal.

Si lo esencial es invisible, nuestra mirada feminista debe ser el rayo que lo ilumina, sin miedo a la oscuridad de la trama y con la convicción inquebrantable de que el cuidado de las cuerpos precarizadas es la única vía para construir una convivencia verdaderamente humana.