—¿Cuántos años tenés, Sofía? Diecisiete. ¿Y sabés lo que pasa si te agarran en el aeropuerto? No señor….. Pues, nada te dan una multita, un par de meses y afuera, porque sos menor… Así que viajás, entregás la valija, volvés con la plata para arreglar la casa de tu mamita y nadie se entera de nada. Es una chama bien rápida, nadie te va a hacer daño.

—¿Y si pasa algo?

—No va a pasar nada. Con esa cara de nena nadie sospecha de vos.

— Gracias señor necesito el dinero.

Mientras gran parte del debate político y mediático en España y en el conjunto de Europa continúa focalizándose en la eficacia de los controles aduaneros, el volumen de los alijos incautados en puertos o aeropuertos y el endurecimiento de las penas contra el tráfico internacional, una tragedia silenciada avanza sin pausa. En los eslabones más vulnerables de la cadena del narcotráfico transnacional, las adolescentes y jóvenes ocupan un rol tan crítico como invisibilizado: el de las «mulas» o correos humanos.

El fenómeno, lejos de restringirse a las tradicionales rutas de producción en América Latina, opera hoy como una red global que conecta la vulnerabilidad estructural del Sur Global con los mercados de consumo europeos.

Definitivamente es un  drama global con rostros de jóvenes vulnerables.

En países de América Latina —como Argentina, Bolivia, Colombia o Perú—, las organizaciones criminales aprovechan contextos de profunda exclusión social, pobreza monetaria y desprotección estatal para captar a menores de edad.

A diferencia de los varones, frecuentemente reclutados para el control territorial armado, las adolescentes son sistemáticamente seleccionadas para cumplir funciones de transporte transfronterizo: llevan la droga adherida al cuerpo, oculta en equipajes o bajo la modalidad de ingestión. Se recurre a ellas bajo la falsa promesa de una salida económica rápida, apelando a su rol como sostén de familia, o bien mediante la manipulación emocional y la coacción.

Esta lógica criminal no se detiene en el Atlántico. Europa tampoco es un territorio ajeno. En España, Francia, los Países Bajos o el Reino Unido, las redes operan bajo patrones idénticos. Adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad social, muchas veces migrantes desarraigadas, son utilizadas como el eslabón más descartable de la cadena logística.

Para las estructuras delictivas, estas jóvenes presentan una ventaja táctica perversa: generan menores sospechas ante los controles. Sin embargo, para el derecho penal de los Estados receptores, se convierten en la cara visible y punible del delito, colapsando las prisiones con condenas desproporcionadas que rara vez alcanzan a los líderes del narcotráfico.

Entonces ¿cómo responder y prevenir esta forma de explotación que avanza a pasos agigantados?

Frente a este escenario, sabemos que la respuesta jurídica e institucional no puede agotarse en el derecho penal punitivo sino debemos abordar este flagelo desde una perspectiva de derechos humanos exige actuar en tres niveles claves:

• Abordaje integral en origen (América Latina): Es imperativo robustecer las políticas públicas de retención escolar, inserción laboral juvenil y protección social para evitar que el crimen organizado se convierta en la única alternativa de supervivencia económica.
• Cooperación judicial con perspectiva de género y de infancia: Los sistemas de justicia deben incorporar estándares internacionales para identificar a estas adolescentes no solo como transportistas de droga, sino como víctimas de trata de personas, violencia de género y explotación infantil.
• Prevención comunitaria y detección temprana: Los dispositivos de bienestar social deben coordinarse para detectar señales de captación en entornos escolares y digitales, desarticulando las redes antes de que las jóvenes crucen la línea.

Es que ante  los sistemas sancionatorios, el marco convencional internacional exige un cambio radical de paradigma en el tratamiento jurídico de estas adolescentes y mujeres. La Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo de Palermo relativo a la trata de personas imponen a los Estados la obligación indelegable de reconocer que las adolescentes captadas como correos humanos operan bajo un estado de coerción estructural, anulación de la voluntad y extrema vulnerabilidad.

Consiguientemente, las normativas internas y los órganos jurisdiccionales de los países de tránsito y destino deben garantizar una protección legal reforzada, eximiendo a toda adolescente de la persecución penal desproporcionada, prohibiendo su encarcelamiento en establecimientos de adultos y activando de manera inmediata protocolos de asistencia integral, no revictimización y restitución de derechos. Sancionar penalmente a una niña, en términos de la CDN,   utilizada como mula sin atender su condición de víctima de trata equivale a convalidar institucionalmente la violencia del propio sistema criminal que se pretende combatir.

Debemos entender que cada adolescente detenida en una aduana con estupefacientes no es meramente un éxito policial; es la evidencia rotunda de un fracaso colectivo transnacional. Más allá de las fronteras del papel y de la condena formal, la realidad jurídica y humana nos obliga a reconocer una verdad ineludible: estas jóvenes no son simples mujeres transgresoras, sino las verdaderas víctimas de un sistema que las instrumentaliza, las descarta y, finalmente, las castiga.