María, de 78 años, intenta sacar un turno médico en la página web del hospital. La pantalla le pide usuario, contraseña, clave de seguridad y un código que llega por correo electrónico. Confundida, llama a su nieta para que la ayude. “Yo sola no puedo”, dice con frustración. Esa escena, repetida en miles de hogares, no es un simple inconveniente técnico: es el reflejo de cómo la digitalización, lejos de ser neutral, se convierte en un nuevo rostro del patriarcado que margina a las mujeres mayores.

La modernización tecnológica se nos vende como progreso, pero en realidad está profundizando desigualdades históricas. La llamada “brecha digital” no es un problema de dispositivos: es una forma contemporánea de exclusión que se inscribe en décadas de discriminación acumulada. Muchas mujeres mayores crecieron en contextos donde el acceso a la educación y al trabajo estaba limitado por el machismo estructural. Hoy, frente a un mundo digital que exige competencias específicas, se encuentran con barreras que no son casuales: son el resultado directo de esas desigualdades.

Así Del-Valle-Gómez (2020), subraya que la brecha digital de género en edades avanzadas debe comprenderse en el marco de biografías atravesadas por exclusiones acumulativas..

El Estado, al trasladar trámites y servicios al ámbito digital sin garantizar alternativas accesibles, vulnera derechos básicos. La igualdad formal es una ficción cuando se exige a las mujeres mayores dominar herramientas que nunca estuvieron a su alcance. La ausencia de políticas públicas con perspectiva de género perpetúa desigualdades materiales que el derecho debería remover.

La digitalización, presentada como modernización, corre el riesgo de convertirse en una nueva cara del patriarcado: un sistema que invisibiliza, margina y condena a las mujeres mayores al aislamiento y la dependencia. El edadismo y los estereotipos de género refuerzan la idea de que ellas “no pueden” o “no saben”, negándoles la posibilidad de ser protagonistas de la vida pública. Esta cuestión de dependencia, brecha digital y aislamiento en el contexto urbano, expone las barreras tecnológicas que parecen articularse con representaciones sociales que subestiman las capacidades de las mujeres mayores (Rivera Herrera, 2023).

En efecto, si se asume que el acceso a la tecnología constituye una condición para el ejercicio de múltiples derechos, entonces la conectividad y la capacitación digital adquieren un carácter instrumental que el Estado no puede desatender, pues la exclusión tecnológica impacta en la autonomía personal, en la posibilidad de participar en la vida pública y en la gestión de asuntos propios, lo que equivale, en otras palabras, a una limitación indirecta del derecho a la igualdad sustantiva (Del-Valle-Gómez, 2020; Rivera Herrera, 2023).

Frente a esto, la respuesta debe ser clara y combativa:

• Alternativas presenciales obligatorias para trámites esenciales.
• Políticas de alfabetización digital feministas, diseñadas específicamente para mujeres mayores.
• Normas de accesibilidad digital que impongan interfaces simples, lenguaje claro y asistencia humana inmediata.
• Defensorías de derechos digitales con poder real para denunciar y frenar la discriminación tecnológica.
•  Codiseño participativo, donde las mujeres mayores sean parte activa en la creación de herramientas digitales públicas. 

La voz de las mujeres mayores no puede seguir siendo silenciada. La tecnología debe adaptarse a ellas, no ellas a la tecnología. La digitalización, si se concibe con enfoque interseccional, puede ser una herramienta de emancipación. Pero si se mantiene como un proceso ciego a las desigualdades, será apenas otra forma de opresión.

La justicia digital exige escuchar a las mujeres mayores, reconocer sus trayectorias y convertirlas en protagonistas de la transformación. Porque la verdadera modernización no consiste en imponer plataformas, sino en construir accesibilidad con dignidad, igualdad y derechos.

De este modo, la inclusión tecnológica debe promover el uso significativo y autónomo de las tecnologías y sus dispositivos, tal como sugieren los enfoques de e-inclusión (Vásquez Cupeiro y Castaño Collado, 2011).

Desde otra perspectiva complementaria, también resulta conveniente incorporar la variable edad y género en la evaluación de impacto normativo de las políticas de digitalización, de manera que toda reforma administrativa que implique virtualización de servicios sea examinada a la luz de sus efectos diferenciados, lo que permitiría anticipar barreras y diseñar ajustes razonables, evitando que la modernización tecnológica reproduzca desigualdades preexistentes (Quinde Barcia et al., 2020).

No aceptemos que la modernización sea excusa para la exclusión y que las mujeres mayores sean tratadas como incapaces o invisibles. Porque la brecha digital no es un problema técnico: es una injusticia política. Y como tal, debe ser combatida con la misma fuerza con la que hemos enfrentado otras formas de exclusión.

Las mujeres mayores no son un “problema” a resolver: son sujetas de derecho, portadoras de memoria y de lucha. Y su voz, hoy más que nunca, debe ser reivindicada.

Dedico este articulo a Noemí Scorciaffico, que con su entrega diaria acompaña y sostiene a mujeres mayores frente a la exclusión digital. Ella abre caminos donde el Estado aún no llega, convirtiendo la solidaridad feminista en verdadera justicia.